REFORMA a la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

FICHA TÉCNICA

Nombre Reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Número 40-94
Tipo de documento Decreto
Número 18-2016
Órgano emisor Organismo Legislativo
Fecha de emisión 23/02/2016
   
Fecha de vigencia 17/03/2016
Publicada en Diario Oficial

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

 

Que la Constitución Política de la República establece que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.

 

CONSIDERANDO:

 

Que la Ley Orgánica del Ministerio Público vigente resulta insuficiente en lo relativo a la regulación del sistema de carrera tanto fiscal como técnica y administrativa, dejando vacíos importantes de las mismas, así como en otros temas necesarios para un buen desempeño institucional, tales como el sistema de evaluación de desempeño y lo referente al régimen disciplinario.

CONSIDERANDO:

 

Que la función del Ministerio Público es un servicio público esencial para la población y que para asegurar la objetividad de los funcionarios y la excelencia profesional en el servicio, se hace necesario reformar su Ley Orgánica para que regule e institucionalice de manera integral el servicio civil y la carrera del Ministerio Público a nivel fiscal, técnico y administrativo y el régimen disciplinario y sus órganos respectivos.

 

POR TANTO:

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

Las siguientes:

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, DECRETO NÚMERO 40-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

TÍTULO I CAPÍTULO ÚNICO PRINCIPIOS BÁSICOS

 

Artículo 1. Se reforma el artículo 6 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 6. Vinculación. El Ministerio Público podrá pedir la colaboración de cualquier funcionario y autoridad administrativa de los Organismos del Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas, para el cumplimiento de sus funciones, entendiéndose como tales, los que así estén definidos en su ley específica, estando éstos obligados a prestarla sin demora y proporcionar los documentos e informes que les sean requeridos, los cuales contengan información de personas individuales o jurídicas, que sean de utilidad para la investigación que este realice.

Las autoridades, los funcionarios y los organismos requeridos por el Ministerio Público, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley, deberán atender, inexcusablemente el requerimiento, sin excepción alguna, dentro de los límites legales y el término establecido en el requerimiento. Igual obligación tiene el Jefe de la Contraloría General de Cuentas, los contralores y la Superintendencia de Bancos.”

 

TÍTULO II Organización del Ministerio Público CAPÍTULO I Organización SECCIÓN I Integración

Artículo 2. Se reforma el artículo 9 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 9. Integración. El Ministerio Público está integrado por los órganos siguientes: 

1)                    El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.

2)                    Fiscales Regionales.

3)                    Los Fiscales de Distrito y Fiscales de Sección.

4)                    Los Fiscales de Distrito adjunto y Fiscales de Sección adjunto.

5)                    Los Agentes Fiscales.

6)                    Los Auxiliares Fiscales.”

 

SECCIÓN II Fiscal General de la República

 

Artículo 3. Se reforma el artículo 10 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 10. Fiscal General. El Fiscal General de la República es el Jefe del Ministerio Público y el responsable de su buen funcionamiento, su autoridad se extiende a todo el territorio nacional. Ejercerá la acción penal pública y las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público, por sí mismo o por medio de los órganos de la institución.”

Artículo 4. Se reforma el artículo 11 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 11. Funciones. Son funciones del Jefe del Ministerio Público:

1) Determinar la política general de la institución y los criterios para el ejercicio de la persecución penal;

2) Cumplir y velar porque se cumplan los objetivos y deberes de la institución;

3) Remitir al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República, el proyecto de presupuesto anual

de la institución y el de sus modificaciones que estime necesarias, en la forma y plazo que establecen las leyes respectivas;

4) Efectuar el nombramiento de los fiscales regionales, fiscales de distrito, fiscales de distrito adjunto, fiscales de sección, fiscales de sección adjunto, agentes fiscales y auxiliares fiscales, de acuerdo a la carrera del Ministerio Público, así como conceder las licencias y aceptar las renuncias de los mismos;

5) Efectuar los nombramientos, ascensos y traslados del personal administrativo y de servicios de la institución, en la forma establecida por esta Ley, así como conceder las licencias y aceptar las renuncias de los mismos;

6) Impartir las instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como relativas a asuntos específicos en los términos y alcances establecidos en la ley;

7) Nombrar, de entre los miembros del Ministerio Público, fiscales para asuntos especiales. Podrá nombrar como fiscal especial a un abogado colegiado para atender un caso específico o para garantizar la independencia en el ejercicio de la función;

8) Organizar el trabajo del Ministerio Público y efectuar los traslados de los fiscales que crea necesarios para su mejor funcionamiento, en los términos que establece esta Ley;

9) Establecer la división del territorio nacional por regiones, para la determinación de las sedes de las fiscalías de distrito y el ámbito territorial que se les asigne, así como la creación o supresión de las fiscalías de sección;

10) Las demás estipuladas en la ley.”

Artículo 5. Se reforma el artículo 12 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 12. Nombramiento. El Fiscal General de la República será nombrado por el Presidente de la República de una nómina de seis candidatos propuesta por una Comisión de Postulación, integrada de la siguiente forma:

  1. a) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside;
  2. b) Los Decanos de las Facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las

Universidades del país;

  1. c) El Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; y,
  2. d) El Presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El Presidente de la Comisión de Postulación convocará, a los demás miembros, con no menos de sesenta (60) días de anticipación al vencimiento del período vigente, a efecto, de elaborar la nómina de candidatos a Fiscal General de la República.

Los integrantes de la Comisión de Postulación serán responsables de elaborar la nómina y remitirla

al Organismo Ejecutivo por lo menos quince (15) días antes del vencimiento del período para el cual fue nombrado el Fiscal General que deba entregar el cargo. Si coinciden en una misma persona dos calidades para integrar la comisión de postulación o si se ausenta uno de sus miembros, lo reemplazará quien deba sustituirlo en el cargo.

El Fiscal General de la República podrá postularse nuevamente al cargo.”

Artículo 6. Se reforma el artículo 14 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 14. Remoción. El Presidente de la República podrá remover al Fiscal General de la República, por causa justificada debidamente establecida.

Se entenderá por causa justificada, la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada.

Se producirá la suspensión individual total del ejercicio de sus funciones, una vez decretado el auto de prisión preventiva, medida sustitutiva o falta de mérito con medida sustitutiva.

El Fiscal General será restituido inmediatamente en sus funciones cuando el proceso sea sobreseído, desestimado, archivado o se decrete la falta de mérito.”

Artículo 7. Se reforma el artículo 15 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 15. Sustitución. En caso de remoción, renuncia o ausencia definitiva, el Presidente de la República nombrará a quien deba sustituirlo de la nómina que le fue enviada por la Comisión de Postulación. Si no existieren por cualquier causa, candidatos en la nómina original, el Congreso de la República deberá convocar a una nueva Comisión de Postulación para desarrollar el proceso constitucional correspondiente.

En todos los casos, la sustitución será para terminar el período constitucional que corresponda. En caso de impedimento, suspensión, falta o ausencia temporal del Fiscal General de la República, será sustituido temporalmente por el Fiscal Regional, de Distrito o Sección que reúna las siguientes calidades:

1) Carecer de sanciones administrativas, y procedimientos disciplinarios o penales en curso;

2) Con mayor antigüedad en el puesto;

3) Contar con evaluación de desempeño satisfactoria.

Para el efecto, durante los primeros quince (15) días de cada año, el Fiscal General emitirá acuerdo en donde dispondrá la designación de dos funcionarios que reúnan dichas calidades.

El segundo funcionario asumirá el cargo en caso de imposibilidad del primero.

El designado desempeñará y asumirá las funciones de manera inmediata, al presentarse alguno de

los supuestos de ausencia temporal contemplados en la ley.

En caso de remoción, renuncia o ausencia definitiva, la sustitución será hasta que se realice el nombramiento del nuevo Fiscal General.”

Artículo 8. Se reforma el artículo 16 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 16. Informe anual. El Fiscal General deberá informar anualmente a los ciudadanos sobre el resultado de su gestión. Para ello, deberá publicar una memoria y además, remitir un ejemplar al Presidente de la República y al Organismo Legislativo.

La memoria deberá contener:

1) El resumen del trabajo realizado en el ejercicio.

2) El análisis del servicio prestado, con detalle de los obstáculos y las medidas adoptadas para superarlos.

3) La recopilación de las instrucciones generales dictadas por el Fiscal General.

4) El detalle de la ejecución del presupuesto correspondiente.

5) Las propuestas concretas, sobre las modificaciones o mejoras que requiere el servicio. Una síntesis de la memoria deberá ser difundida a través de los medíos de comunicación masiva.”

Artículo 9. Se deroga el nombre y número de la Sección III, del Título II del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 10. Se deroga el artículo 17 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 11. Se deroga el artículo 19 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 12. Se deroga el artículo 20 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 13. Se deroga el artículo 21 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 14. Se deroga el artículo 22 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 15. Se deroga el artículo 23 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SECCIÓN III Fiscales de Distrito y de Sección

Artículo 16. Se adiciona el artículo 24 bis al Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 24 bis. Coordinación Nacional y Fiscales Regionales. Se crea la Coordinación Nacional, que tendrá a su cargo la articulación con los fiscales regionales. Los fiscales regionales serán los Jefes del Ministerio Público en las regiones que les fueren encomendadas y los responsables del buen funcionamiento de la institución en el área respectiva.

Ejercerán la acción penal pública y las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público, por sí mismos o por intermedio de los fiscales de sección, fiscales de sección adjunto, fiscales de distrito, fiscales de distrito adjunto, agentes fiscales y auxiliares fiscales que esta Ley establece, salvo cuando el Fiscal General de la República asuma directamente esta función o la encomiende a otro funcionario, conjunta o separadamente.”

Artículo 17. Se reforma el artículo 28 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 28. Calidades. Para ser fiscal regional, fiscal de distrito, fiscal de distrito adjunto, fiscal de sección y fiscal de sección adjunto, se requiere: poseer título de abogado y notario, ser guatemalteco de origen, y haber ejercido la profesión de abogado y notario por cinco (5) años o en su caso, la de juez de primera instancia en el ramo penal o agente fiscal por cinco (5) años.”

Artículo 18. Se reforma el artículo 30 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 30. Organización. Estarán a cargo de un Fiscal de Sección, las siguientes:

1) Fiscalía de delitos administrativos: Tendrá a su cargo la investigación de la conducta administrativa de los funcionarios y empleados de los órganos y entidades estatales, descentralizadas y autónomas; inclusive de los Presidentes de los Organismos del Estado. Ejercerá la persecución penal de los hechos punibles atribuidos a esas personas, interviniendo regularmente en todos los asuntos penales que tengan relación con la administración pública o en los que se lesionen intereses estatales.

2) Fiscalía de delitos económicos: Tendrá a su cargo la investigación y el ejercicio de la acción penal en todos aquellos delitos que atenten contra la economía del país.

3) Fiscalía de delitos de narcoactividad: Tendrá a su cargo la investigación y el ejercicio de acción penal en todos los delitos vinculados con la producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercialización ilegal de estupefacientes.

4) Fiscalía de delitos contra el ambiente: Tendrá a su cargo la investigación y el ejercicio de la acción penal en todos aquellos delitos cuyo bien jurídico tutelado sea el medio ambiente.

5) Fiscalía de asuntos constitucionales, amparos y exhibición personal: Promoverá todas aquellas acciones que tengan por objeto velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política de la República y demás leyes en esta materia.

6) Fiscalía     de       adolescentes            en       conflicto         con     la         ley penal: Tendrá a su cargo la intervención que se le confiere al Ministerio Público en el procedimiento para  establecer la existencia de una trasgresión a la ley penal, determinación del autor o participe e imposición de las medidas correspondientes. Asimismo, la reinserción del adolescente en su familia y en la sociedad. Contará con el asesoramiento de un gabinete interdisciplinario de especialistas en asuntos que involucren a adolescentes en conflicto con la ley penal.

7) Fiscalía de la mujer: Tendrá a su cargo la intervención del Ministerio Público en los procesos que involucren mujeres víctimas de delito y que tengan relación con su condición de mujer. Contará con la asesoría de especialistas en la materia respectiva.

8) Fiscalía de ejecución: Tendrá a su cargo la intervención ante los jueces de ejecución y deberá promover todas las acciones referidas a la ejecución de la pena y la suspensión condicional de la persecución penal.

9) Fiscalía contra la corrupción: Tendrá competencia para investigar y perseguir penalmente los delitos que constituyan hechos de corrupción en los que se encuentren implicados funcionarios y empleados públicos.

10) Fiscalía contra el crimen organizado: Esta fiscalía tendrá competencia para investigar y perseguir los delitos que causan mayor perturbación social, la que se integrará con las unidades siguientes: 

  1. Unidad contra robo de vehículos.
  2. Unidad de delitos relacionados con los bancos, aseguradoras y demás instituciones financieras.

11) Fiscalía de delitos contra el patrimonio cultural de la Nación: Tendrá competencia para investigar y perseguir penalmente los delitos contra el patrimonio cultural que se cometan en todo el territorio nacional.

12) Fiscalía de delitos contra la propiedad intelectual: Tendrá competencia para investigar y perseguir penalmente los delitos contra el derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos que se cometan en todo el territorio nacional.

13) Fiscalía de delitos contra la vida y la integridad de las personas: Ejercerá la acción y persecución penal pública, en los delitos que atentan en contra de la vida e integridad de las personas.

14) Fiscalía de derechos humanos: Ejercerá la acción y persecución penal en los delitos cometidos en contra de los derechos humanos de los habitantes de la República.

15) Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos: Es la encargada de ejercer la investigación, acción y persecución penal del lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito.

16) Fiscalía contra el delito de extorsión: Promoverá la investigación, acción y persecución penal del delito de extorsión, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito y todos aquellos hechos que tengan por finalidad la entrega de dinero u otro beneficio.

17) Fiscalía contra la trata de personas: Promoverá la investigación y persecución penal del delito de trata de personas en sus distintos fines, realizando todas las acciones que tiendan a proteger primordialmente la vida, libertad e indemnidad sexual de las personas víctimas de este delito.

18) Fiscalía contra secuestros: Promoverá la acción y persecución penal de todas aquellas acciones que atenten en contra de la libertad de las personas y cuyo propósito es lograr rescate, canje o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad de la persona o con cualquier otro propósito similar o igual.

19) Fiscalía de asuntos internos: Promoverá la persecución penal de los delitos atribuidos a funcionarios y empleados del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones y por causa o con ocasión de los mismos.

20) Fiscalía contra el delito de femicidio: Promoverá la acción y persecución penal de los delitos que atenten en contra de la vida de las mujeres.

21) Fiscalía de la niñez y adolescencia: Promoverá la acción y persecución penal en contra de todos los hechos que atenten en contra de los derechos humanos y el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, primordialmente velará porque la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes sea a nivel social, económico y jurídico.

22) Fiscalía Liquidadora: Tendrá a su cargo el inventario, análisis y clasificación de todos los expedientes que no se han diligenciado y deberá ejercer las acciones que correspondan para su efectivo fenecimiento dentro del marco de la ley.

Las fiscalías de sección serán competentes para atender, en todo el territorio nacional, los casos que les corresponden de acuerdo a lo establecido en esta Ley. Los demás asuntos serán atendidos por los demás órganos del Ministerio Público.

El Fiscal General podrá eliminar, fusionar o crear las fiscalías de sección que se consideren necesarias para el buen funcionamiento del Ministerio Público.”

Artículo 19. Se deroga el artículo 31 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 20. Se deroga el artículo 32 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 21. Se deroga el artículo 33 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 22. Se deroga el artículo 34 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 23. Se deroga el artículo 35 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 24. Se deroga el artículo 36 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 25. Se deroga el artículo 37 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 26. Se deroga el artículo 38 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público.

 

Artículo 27. Se reforma el artículo 40 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 40. Dirección de Investigaciones Criminalísticas. La Dirección de Investigaciones Criminalísticas, coadyuvará en la investigación, recolección, procesamiento y análisis criminalístico de cualquier evidencia, indicio material, digital o de cualquier otra índole, que se relacione con la comisión de un acto delictivo que investiguen las distintas fiscalías o dependencias del Ministerio Público.

Deberá indagar por medio de sus investigadores, todas las circunstancias, características o particularidades bajo las que ocurrieron los hechos criminares puestos a su averiguación. Para la realización de sus funciones podrán actuar bajo su propia responsabilidad, y en los casos que amerite, con acompañamiento de otras fuerzas de seguridad del Estado.

Sus actividades las desarrollarán a solicitud del fiscal a cargo del caso, además podrán realizar de oficio, cualquier otra que sirva para lograr el esclarecimiento del hecho criminal investigado, siempre y cuando resulte de las mismas diligencias de investigación encomendada, y que se encuentren en el marco de la legalidad e informe inmediatamente al fiscal a cargo, para que éste, pueda dirigir las mismas.

Su estructura orgánica y lo relativo a la carrera de investigación, se regirán por reglamento o instrucción general emitido por el Fiscal General de la República.

Lo dispuesto en el presente artículo, podrá realizarlo la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que regulan los procedimientos de investigación.”

Artículo 28. Se reforma el artículo 41 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo       41.      Oficina          de       Protección   de       Sujetos Procesales          en       Materia         Penal.

La Oficina de Protección de Sujetos Procesales la presidirá la persona que nombre el Fiscal General y tendrá a su cargo la protección de sujetos procesales, de conformidad con el reglamento que deberá emitir el Fiscal General.”

SECCIÓN IV Agentes Fiscales, Auxiliares Fiscales y Secretarios

Artículo 29. Se reforma el artículo 43 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 43. Calidades. Para ser nombrado agente fiscal se requiere poseer título de abogado y notario, ser guatemalteco de origen y haber ejercido la profesión de abogado por tres (3) años, o en su caso la de juez de primera instancia en el ramo penal, juez de paz en el ramo penal o auxiliar fiscal por tres años.”

TÍTULO III Ejercicio de la Acción Penal CAPÍTULO I Actuación Procesal

Artículo 30. Se reforma el artículo 53 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 53. Procedimiento. Las sanciones serán impuestas con audiencia al afectado por dos días, evacuada la audiencia, el funcionario deberá imponer la sanción correspondiente dentro de los diez días siguientes. El sancionado podrá recurrir la resolución, dentro de los dos días siguientes, ante el Fiscal General.” 

TÍTULO V Disposiciones Generales CAPÍTULO I Disciplina del Servicio

Artículo 31. Se reforma el artículo 60 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 60. Principios. El sistema disciplinario de la carrera profesional del Ministerio Público se rige conforme los siguientes principios:

1) Principio de legalidad. Los funcionarios y empleados del Ministerio Público están  sujetos  a responsabilidad disciplinaria. Solo podrá imponérseles sanción disciplinaria cuando realicen acciones u omisiones previstas como falta en la ley y siguiendo el procedimiento establecido en esta Ley y sus reglamentos. El personal contratado por servicios personales y profesionales, se regirá por las cláusulas contractuales con el Ministerio Público y demás leyes vigentes en el país.

2) Non bis in idem. Nadie puede ser sancionado administrativamente dos veces por el mismo hecho.

3) Independencia del procedimiento disciplinario. El inicio de persecución penal no interrumpe ni impide el procedimiento administrativo disciplinario. El procedimiento disciplinario se realizará y aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales y no impedirá la sustanciación de dicho proceso.

4) Derecho de defensa. Nadie podrá ser sancionado, ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en el sistema disciplinario de la carrera profesional.

5) Proporcionalidad. En todo el procedimiento disciplinario y al momento de imponer las sanciones administrativas, se atenderá el principio de proporcionalidad, tomando en cuenta: a. La naturaleza del servicio afectado.

  1. Grado de responsabilidad.
  2. El grado de perturbación efectiva del servicio.
  3. La naturaleza de los bienes jurídicos afectados.
  4. Las circunstancias en las que sucedió el hecho.
  5. Los antecedentes laborales del trabajador en la institución.”

Artículo 32. Se reforma el artículo 61 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 61. Prescripción y extinción de la responsabilidad administrativa. Las faltas establecidas en la presente Ley y las acciones que se pueden iniciar a raíz de las mismas, prescriben conforme a las siguientes reglas:

1) La acción disciplinaria prescribe en seis (6) meses para las faltas leves, en un (1) año para las faltas graves y en dos (2) años para las faltas muy graves. En todos los casos el plazo se computa para las faltas consumadas desde el día de su consumación, y para las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último acto. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo procedimiento, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.

2) Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo procedimiento, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.

3) La sanción disciplinaria prescribe en un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo.

Constarán en los registros de los órganos disciplinarios del Ministerio Público, las faltas que sean declaradas con lugar y sin lugar, sin perjuicio de los derechos laborales existentes.”

Artículo 33. Se reforma el artículo 62 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 62. Faltas. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles, se consideran faltas las siguientes:

  1. Faltas leves:
  2. La inobservancia del horario de trabajo sin causa justificada, siempre que no implique una falta de mayor gravedad conforme a esta Ley.
  3. La falta de respeto debido hacia el público, compañeros y subalternos en el desempeño del cargo, la víctima, el imputado, funcionarios judiciales, representantes de órganos auxiliares de la administración de justicia, miembros del Ministerio Público, del Instituto de la Defensa Pública Penal y los abogados litigantes.
  4. La negligencia en el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, siempre que la misma no constituya falta grave o gravísima.
  5. El uso inapropiado de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles de la institución. b. Faltas graves:
  6. Ausencia o abandono injustificado a sus labores, o inobservancia reiterada del horario de trabajo, o ausencia injustificada de las oficinas donde se labora.
  7. Faltar a la debida celeridad en el trámite de los procesos e incurrir en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos.
  8. No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos requieran reserva, ocasionando consecuencias graves para el desarrollo del proceso.
  9. La falta en el acatamiento de las normas o instrucciones generales o específicas de la autoridad fiscal en las investigaciones, ocasionando consecuencias graves para el desarrollo del proceso.
  10. Ocultar a las partes documentos o información de naturaleza pública, sin perjuicio de responsabilidades de otro tipo contenidas en otras leyes.
  11. Presentarse a trabajar o laborar en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes.
  12. La injuria, la calumnia o las vías de hecho en contra de jefes, funcionarios, representantes del Ministerio Público o cualquier otro trabajador.
  13. Causar intencionalmente daño o usar en provecho propio o de terceras personas, los bienes muebles o inmuebles del Ministerio Público.
  14. Hacer durante el trabajo o dentro de las oficinas del Ministerio Público actividades políticas partidistas o de proselitismo religioso.
  15. Delegar funciones inherentes a su cargo a sus subordinados.
  16. Omitir informar a la víctima del resultado de las investigaciones fuera de los casos en que la ley dispone la reserva de la investigación u omitir notificar la resolución del juez que ponga fin al proceso.
  17. Hacer acusaciones, pedimentos, formular conclusiones o rendir informes o dictámenes carentes de fundamento legal.
  18. No ingresar ni actualizar, la información del avance de las investigaciones en el sistema informático oficial del Ministerio Público, en los casos en que no constituya falta gravísima. c. Faltas muy graves:
  19. Desempeñar simultáneamente a la función, empleos o cargos remunerados, con excepción de la docencia, o prestar cualquier clase de servicio profesional.
  20. Interferir en el ejercicio de funciones de los otros Organismos del Estado, sus agentes o representantes, o permitir la interferencia a cualquier organismo, institución o persona que atente contra la función del Ministerio Público.
  21. Cometer cualquier acto de acoso, coacción o abuso, especialmente aquellos de índole sexual o laboral.
  22. Solicitar o aceptar favores, préstamos, regalías o dádivas en dinero o en especie, directa o indirectamente, en relación a cualquier procedimiento.
  23. No ingresar ni actualizar, la información del avance de las investigaciones en el sistema informático oficial del Ministerio Público, obstaculizando el trámite del proceso o la evaluación de desempeño profesional.
  24. Incumplir con los plazos procesales, ocasionando con ello la finalización del proceso.
  25. Ejecutar hechos o incurrir en omisiones que hagan imposible la elaboración de un adecuado requerimiento fiscal, o bien provoquen la carencia de sustento y evidencia para fundamentar la pretensión del Ministerio Público.
  26. Introducir evidencias por medios ilegales, o bien sustraer, destruir, alterar o extraviar evidencias, así como alterar informes y dictámenes que recaigan en ellas.
  27. Recurrir a medios ilegales en la fase de investigación.
  28. Hacer acusaciones, pedimentos, formular conclusiones o rendir dictámenes que tengan como base hechos manifiestamente falsos.
  29. La negativa manifiesta a acatar las normas o instrucciones generales o específicas de la autoridad fiscal en las investigaciones bajo su conocimiento.
  30. Impedir u obstaculizar a las partes el ejercicio de sus derechos en cualquier procedimiento, o bien darles información errónea u ocultarles información cuando no se haya declarado la reserva de las actuaciones.
  31. Revelar o proporcionar información confidencial que conozca con ocasión de su cargo.
  32. Incumplir las normas sobre confidencialidad de los testigos, colaboradores, víctimas y sujetos procesales bajo protección del Ministerio Público.
  33. Portar armas de cualquier clase durante la jornada de trabajo, excepto cuando lo requiera la índole del servicio.
  34. Intervenir en cualquier acto procesal a sabiendas de que se encuentra en alguna causal de inhibitoria, o en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la ley.
  35. Faltar a la verdad, en un proceso de contratación, calificación o ascenso señalando tener calidades, calificaciones académicas, historial disciplinario, experiencia profesional, condiciones o conocimientos que no se poseen; sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan. La circunstancia del ocultamiento o presentación de datos falsos no podrá ser saneada posteriormente por prescripción.
  36. Realizar una acción comprendida entre las prohibiciones establecidas en la presente Ley, salvo que constituya una falta específica.
  37. La conducta y trato discriminatorio, incluyendo el insultar o proferir frases discriminatorias, basado en motivos de raza, etnia, prácticas culturales, religión, género, sexo, edad, idioma o de otra índole en el ejercicio del cargo en contra del personal de la institución, partes procesales, sus abogados o público en general.
  38. Ejercer la profesión de abogado litigando asuntos particulares por sí o por interpósita persona.
  39. Extraer fuera de los casos en que la ley lo autoriza, los expedientes y documentos fuera de la oficina en que deban estar, o de las del Ministerio Público.”

Artículo 34. Se reforma el artículo 63 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 63. Sanciones. Las sanciones que se impongan serán conforme al tipo de falta cometida.

  1. Sanciones para faltas leves: Amonestación verbal y escrita.
  2. Sanciones para faltas graves: Suspensión de empleo o cargo sin goce de salario hasta por veinte (20) días.
  3. Sanciones para faltas muy graves: Suspensión desde veintiuno (21) hasta noventa (90) días sin goce de salario o destitución.

La imposición de una sanción por falta grave o por tres faltas leves, impide el ascenso en la carrera e impone la limitación temporal de optar a becas dentro o fuera del país y optar a otros cargos dentro de la institución, mientras no se haya cancelado la anotación en el expediente del sancionado. La sanción del cargo o empleo impide el reingreso de la persona en el Ministerio

Público.”

Artículo 35. Se reforma el artículo 64 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 64. Juntas disciplinarias. Se crean las juntas disciplinarias, las que tendrán a su cargo conocer y en su caso, imponer las sanciones por faltas leves, graves y muy graves, de conformidad con la presente Ley a fiscales regionales, fiscales de distrito, fiscales de distrito adjunto, fiscales de sección, fiscales de sección adjunto, agentes fiscales, fiscales para asuntos especiales, auxiliares fiscales, oficiales de fiscalía y personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas.

El Fiscal General establecerá el número y ubicación de las juntas disciplinarias conforme a las necesidades del servicio, tomando en consideración el acceso de las partes y la carga de trabajo de las juntas existentes.

Las juntas disciplinarias serán de carácter permanente y se integrarán por tres miembros titulares y tres suplentes, quienes serán designados por el Fiscal General, mediante concurso público de oposición, de conformidad con la carrera del Ministerio Público. Al menos un integrante titular y un suplente deberán tener experiencia por lo menos de tres (3) años y estar en funciones como agente fiscal, fiscal de distrito, fiscal de sección, o auxiliar fiscal.

Para ser integrante de la junta disciplinaria se requiere:

1) No haber sido condenado por la comisión de delitos dolosos.

2) Ser abogado y notario, con cinco (5) años o más de colegiación profesional y encontrarse colegiado activo.

3) No tener sanciones vigentes impuestas por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios o de otro órgano disciplinario de la institución en donde se haya desempeñado.

Cuando se inicie procedimiento disciplinario contra un miembro de una junta disciplinaria, este deberá ser sustituido por el suplente respectivo.”

Artículo 36. Se adiciona el artículo 64 bis al Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 64 bis. Atribuciones de la junta disciplinaria. Son atribuciones de la junta disciplinaria:

1) Conocer, tramitar y resolver los procedimientos disciplinarios, imponiendo las sanciones correspondientes de acuerdo a la presente Ley.

2) Remitir a la unidad de evaluación de desempeño la información relativa a sanciones firmes, a efecto de ser consideradas como parte de la evaluación de desempeño.”

Artículo 37. Se reforma el artículo 65 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 65. Supervisión General. Se crea la Supervisión General, a la que corresponde la función de investigar la comisión de hechos constitutivos de faltas administrativas, y en su caso formular la imputación que corresponda.

Orgánicamente dependerá del Fiscal General, actuará por instrucciones de este o de oficio y tendrá la facultad de desarrollar supervisiones generales o específicas para revisar el trabajo de la institución. En el ejercicio de sus funciones actuará en forma independiente.

El Fiscal General nombrará al Supervisor General del Ministerio Público y al personal conforme a las necesidades del servicio, mediante concurso público de oposición de conformidad con la carrera profesional del Ministerio Público.

El Supervisor General deberá cumplir con lo requerido en el artículo 28 de la presente Ley y el personal a su cargo con lo establecido en el artículo 43 de la presente Ley.

La Supervisión General deberá recolectar los elementos de prueba de cargo y descargo que permitan fundar el requerimiento conclusivo de la investigación, pudiendo para el efecto solicitar informes, peritajes, documentos y recibir declaraciones de particulares y otros elementos de prueba que sean idóneos, de cualquier funcionario o empleado de la institución o de cualquier otra.

Cuando se inicie procedimiento disciplinario contra el personal de la Supervisión General, el Fiscal General designará a la persona que deba desarrollar la investigación respectiva en los términos establecidos en la presente Ley.”

Artículo 38. Se adiciona el artículo 65 bis al Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

Artículo       65       bis.     Inicio del      procedimiento        disciplinario para la carrera fiscal.     

El procedimiento disciplinario puede iniciarse por:

  1. a) Denuncia escrita o verbal presentada por particulares, funcionarios o empleados públicos;
  2. b) Por comunicación de los superiores jerárquicos inmediatos;
  3. c) Por hallazgos de los supervisores en la realización de supervisiones generales o específicas.

La denuncia podrá presentarse ante cualquier dependencia de la institución, la cual deberá remitir la misma a la Supervisión General en el plazo máximo de dos (2) días, debiéndose expedir constancia gratuita de la misma.

En caso que el superior jerárquico tome conocimiento de una posible falta administrativa, levantará un acta y la remitirá a Supervisión General del Ministerio Público dentro del plazo de dos (2) días.”

Artículo 39. Se adiciona el artículo 65 ter al Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 65 ter. Primera decisión. La Supervisión General, dentro de los dos (2) días siguientes de haber recibido la denuncia deberá:

  1. a) Desestimar mediante resolución motivada el caso, si la denuncia se refiere a actos que no son constitutivos de faltas.
  2. b) Remitir la denuncia a la junta disciplinaria, si considera que el hecho es constitutivo de falta leve.
  3. c) Iniciar la investigación cuando existan indicios suficientes de la comisión de falta grave o muy grave. ·

Durante el desarrollo del proceso disciplinario el Jefe del Ministerio Público, a solicitud de la Supervisión General, podrá suspender provisionalmente al denunciado en tanto duren las investigaciones y hasta por un máximo de treinta (30) días cuando existan indicios de la comisión de una falta muy grave, en los siguientes casos:

  1. Si se considera que de continuar laborando se producirá afectación al desarrollo normal del servicio;
  2. Si existe la posibilidad de que el funcionario dificulte o entorpezca el desarrollo del procedimiento disciplinario.

La resolución en que el Fiscal General se pronuncie sobre la suspensión provisional será susceptible de recurso de reposición.

De igual manera se procederá en el caso que se dicte auto de procesamiento contra un funcionario de la institución por la comisión de un delito, en este caso la medida durará hasta que se dicte la resolución que ponga fin al proceso.”

Artículo 40. Se adiciona el artículo 65 quater al Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 65 quater. Investigación. La investigación de las faltas graves y muy graves tendrá una duración máxima de un (1) mes contado a partir de la resolución de Supervisión General. La Supervisión General podrá concluir la investigación antes del vencimiento del plazo previsto y adoptar las decisiones establecidas en la presente Ley, o en casos estrictamente necesarios solicitar a la junta disciplinaria la ampliación del plazo de investigación por el período improrrogable de quince (15) días.

El denunciado y el denunciante podrán proponer medios de prueba a la Supervisión General. En caso de negativa en diligenciar las pruebas propuestas, podrán acudir a la junta disciplinaria a efecto que se revise la decisión de la Supervisión General. La junta disciplinaria deberá resolver en un plazo máximo de dos (2) días.

En cualquier momento de la investigación, se remitirá la denuncia a la Oficina de Atención Permanente correspondiente, si se determina que el hecho investigado es además constitutivo de delito.”

Artículo 41. Se adiciona el artículo 65 quinquies al Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 65 quinquies. Actos conclusivos. Finalizada la investigación, la Supervisión General deberá, con base a los medios de prueba obtenidos, formular fundadamente cualquiera de los siguientes actos conclusivos ante la junta disciplinaria:

  1. a) El sobreseimiento de la denuncia, si se determina que el hecho no constituye falta administrativa o no se demostrare la responsabilidad del denunciado.
  2. b) La imputación de cargos solicitando la sanción correspondiente. La imputación de cargos deberá contener:
  3. La descripción precisa y circunstanciada del hecho que se atribuye al funcionario o empleado con indicación del lugar, tiempo y forma conocidos;
  4. La indicación de la falta cometida, de conformidad con lo establecido en la presente Ley;
  5. Las pruebas con indicación precisa de los hechos que cada una pretende demostrar.

El acto conclusivo deberá ser notificado por la Supervisión General al denunciado y denunciante. Junto con la solicitud, se elevará el expediente respectivo a la junta disciplinaria.”

Artículo 42. Se adiciona el artículo 65 sexies al Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 65 sexies. Audiencia oral. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la solicitud, la junta disciplinaria convocará a una audiencia oral, en la que se oirá a la Supervisión General y al funcionario o empleado investigado.

A esta audiencia deberá convocarse al denunciante y a la víctima, quienes podrán intervenir en el desarrollo de la misma. La incomparecencia del denunciante y la víctima no suspenderá el procedimiento.

En caso de incomparecencia del funcionario o empleado denunciado con causa justificada, se suspenderá la audiencia, fijándose nueva fecha y hora para su realización. Cuando no exista causa justificada, la junta disciplinaria continuará con el procedimiento sin su presencia. En caso de incomparecencia del representante de la Supervisión General se suspenderá la audiencia, fijándose nueva fecha y hora para su realización.

Cuando no exista causa justificada, la junta disciplinaria denunciará el hecho a la Supervisión General para que inicie el procedimiento disciplinario correspondiente.

Inmediatamente después de celebrada la audiencia, la junta disciplinaria analizará todo lo actuado y emitirá fundadamente la resolución que corresponda, imponiendo en su caso, la sanción correspondiente.

Contra las resoluciones de la junta disciplinaria únicamente cabrá el recurso de apelación ante el Fiscal General. El recurso podrá interponerse por la Supervisión, el denunciante o el sancionado, dentro de los tres (3) días siguientes de haber sido notificada la resolución respectiva y deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes.

El Fiscal General resolverá fundadamente ratificando, revocando o modificando la resolución impugnada. Cuando el recurso sea interpuesto exclusivamente por el sancionado no podrán imponerse sanciones más graves a las impuestas por el órgano sancionador.”

Artículo 43. Se adiciona el artículo 65 septies al Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 65 septies. Procedimiento disciplinario para el área administrativa, técnica y de apoyo.

El procedimiento para sancionar las faltas cometidas por los empleados del área administrativa, técnica y de apoyo, podrá iniciarlo el superior jerárquico del trabajador (a) que será sujeto a procedimiento disciplinario, deberá faccionar un acta en la cual se harán constar las acciones u omisiones en que incurrió la persona a quien se implica en la comisión de hechos que son constitutivos de procedimiento disciplinario, debiendo señalar la disposición legal en la que encuadran los mismos.

De dicha acta y de todas las pruebas de cargo que acrediten los hechos que constan en la misma, deberá darse conocimiento al trabajador (a), debiéndosele conferir audiencia por dos (2) días para el trabajador (a) de la región metropolitana y un día más para trabajadores (as) del interior del país, por razón de distancia, oportunidad en la que podrá ofrecer la prueba pertinente. La Supervisión General del Ministerio Público, con citación del trabajador (a) interesado, recibirá las pruebas ofrecidas en su oportunidad y/o diligenciará aquellas que le indique el trabajador (a), dentro de los tres (3) días siguientes para los trabajadores (as) del área metropolitana y cinco (5) días para los trabajadores (as) del interior del país, plazo que deberá contarse a partir del día siguiente de la citación.

Con la prueba diligenciada, el expediente se remitirá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de lo actuado, según sea el caso a:

  1. El superior jerárquico (fiscal de distrito o de sección o jefes de dependencias del Ministerio Público) para los casos de amonestación verbal o escrita, para que resuelva en el plazo de tres (3) días;
  2. Al Jefe del Ministerio Público, para que resuelva dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del expediente para el caso de suspensión o despido. En los casos que el trabajador (a) no evacue audiencia y/o no proponga prueba, el expediente deberá ser remitido a la Supervisión General, que al constatar este extremo remitirá el expediente en forma inmediata a donde corresponda.

En todos los casos se valorará toda la prueba aportada por el trabajador (a).

Asimismo, los plazos establecidos se computarán como días hábiles, y de todo lo actuado se dejará constancia escrita.”

Artículo 44. Se adiciona el artículo 65 octies al Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 65 octies. Ejecución de sanciones. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán cuando se encuentre firme la resolución respectiva. La autoridad que dicte la última resolución deberá oficiar la misma a la Dirección de Recursos Humanos para que la haga efectiva. Las sanciones impuestas se anotarán en el expediente personal del trabajador, que obra en la Dirección de Recursos Humanos. La habilitación de la sanción se acordará de oficio transcurrido el plazo de tres (3) meses si es amonestación verbal, doce (12) meses en caso de amonestación escrita y dieciocho (18) meses en caso de suspensión de labores sin goce de salario.”

Artículo 45. Se adiciona el artículo 65 nonies al Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 65 nonies. Procedimiento disciplinarlo para los Secretarios, Sub Secretarios, Supervisor General, Jefes del área administrativa, técnica y de apoyo.

El procedimiento para sancionar las faltas cometidas por los empleados de más alta jerarquía en el Ministerio Público, tales como secretarios y sub secretarios de las distintas secretarías, supervisor general, jefes del área administrativa, jefe de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, jefes del área técnica y de apoyo deberá iniciarlo el Fiscal General de la República, previo informe detallado de la Supervisión General y la junta disciplinaria, el cual contendrá los antecedentes del caso a que esta se refiera, con este informe el Jefe del Ministerio Público decidirá si inicia procedimiento o no, lo cual hará constar en resolución motivada, que será notificada al denunciante, quien tendrá derecho de interponer recurso de reposición.

Si decidiere iniciarse procedimiento, notificará la resolución motivada al denunciado y nombrará a una persona de la junta disciplinaria y una persona de la Supervisión General quienes diligenciarán la prueba que proponga el denunciado y el denunciante, con citación de ambas partes, de todo lo actuado dejarán constancia escrita; y una vez diligenciada toda la prueba propuesta lo cual deberá realizarse en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, la remitirá a la Fiscalía General para que el Jefe del Ministerio Público decida si procede imponer o no una sanción al personal denunciado, el que podrá impugnar la resolución mediante recurso de reposición.”

CAPÍTULO II Instrucciones

 

Artículo 46. Se reforma el artículo 68 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

 

“Artículo 68. Objeción. El fiscal que recibiere la instrucción por escrito del jefe inmediato que considere contraria a la ley, sin efectos suspensivos, lo hará saber a quién emitió la instrucción por informe fundado dentro de dos (2) días.

Este último si insiste en la legitimidad de la instrucción, la remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes al Fiscal General quien decidirá.

No podrá darse instrucciones verbales, sin embargo en aquellos casos en los que las circunstancias lo ameriten y no permitan a la brevedad emitir la instrucción por escrito, esta podrá emitirse en forma verbal, dejando constancia razonada de ello dentro del expediente correspondiente.”

Artículo 47. Se reforma el artículo 71 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

 

“Artículo 71. Reemplazos y traslados. El Jefe del Ministerio Público, los fiscales regionales, los fiscales de distrito y los fiscales de sección respecto del personal a su cargo, podrán designar a uno o más integrantes del Ministerio Público para que actúen en un asunto determinado o en varios de ellos, reemplazarlos entre sí, formar equipos que trabajen conjuntamente o asumir directamente la conducción de un caso o trasladarlo por necesidades de servicio.

El traslado por necesidades de servicio se hará por resoluciones motivadas por el Jefe del Ministerio Público donde explicará las razones del traslado para responder frente a la criminalidad o razones de necesidad de la administración.

El Jefe del Ministerio Público podrá autorizar el traslado por petición del interesado, siempre que las condiciones del servicio lo permitan y considerando los méritos del interesado, siempre y cuando haya aprobado la evaluación de desempeño.”

Artículo 48. Se reforma el artículo 72 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 72. Impugnación. El fiscal que hubiere sido trasladado podrá solicitar reconsideración ante el Fiscal General, en el plazo de tres (3) días de haber sido notificado el traslado. La reconsideración deberá ser resuelta en un plazo no mayor de quince (15) días. La solicitud de reconsideración no suspenderá el traslado.”

Artículo 49. Se reforma el nombre del Capítulo III, del Título V del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

 

 

“CAPÍTULO III Carrera Profesional del Ministerio Público”

Artículo 50. Se reforma el artículo 75 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 75. Carrera Profesional del Ministerio Público. Se entenderá por carrera profesional el sistema de selección, nombramiento, ascenso, traslado, evaluación de desempeño y sistema disciplinario de los trabajadores del Ministerio Público, tanto fiscales, como personal técnico y administrativo que garantizará la excelencia profesional en el ejercicio de su función y la igualdad de oportunidades para el ingreso y ascenso dentro de la institución.

Todo lo relativo a la carrera profesional del Ministerio Público se regirá por lo establecido en la presente Ley, en concordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución Política de la República de Guatemala y los reglamentos que emita el Fiscal General sobre la materia.

La carrera fiscal comprende los cargos de fiscales regionales, fiscales de distrito, fiscales de distrito adjuntos, fiscales de sección, fiscales de sección adjunto, agentes fiscales y auxiliares fiscales. La carrera técnica incluye al personal profesional y técnico científico que cumple tareas de apoyo a la persecución penal. La carrera administrativa incluye al personal que trabaja en el área de apoyo administrativo

Artículo 51. Se reforma el artículo 76 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 76. Principios de la carrera profesional del Ministerio Público. El sistema de carrera profesional del Ministerio Público, que corresponde a la carrera fiscal, carrera técnica y carrera administrativa, se rige conforme los siguientes principios:

  1. Idoneidad: La participación y desarrollo en la carrera fiscal se basará en la capacidad y mérito de los aspirantes.
  2. Objetividad: Las decisiones del sistema de carrera profesional se sujetarán a procedimientos equitativos e imparciales.
  3. Integridad y probidad: El sistema de carrera profesional valorará integralmente la formación técnica profesional, el desempeño en la labor y el cumplimiento de las normas legales, éticas y disciplinarias.
  4. Transparencia: Los sistemas de selección de candidatos y los criterios de valoración de los distintos tribunales para el ingreso, ascenso, traslado y participación en los procesos de formación y especialización, deberán ser públicos.
  5. No discriminación: La selección de los empleados y funcionarios se hará excluyendo toda discriminación por motivos de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole.
  6. Estabilidad: El sistema de carrera profesional garantizará la estabilidad en el cargo mientras no se incurra en causal legal para el cese del mismo.

No se considerarán contrarias a este principio las acciones afirmativas que implemente el Ministerio Público, para proporcionar la presencia de grupos específicos en las diferentes unidades y dependencias de esta unidad.” 

Artículo 52. Se reforma el artículo 77 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 77. Incapacidades o incompatibilidades. Son causales de incapacidad o incompatibilidad:

  1. a) No podrán aspirar a ingresar a la carrera del Ministerio Público:

1) Quienes hayan sido inhabilitados, en forma absoluta o especial para ejercer cargos públicos o la profesión de abogado y/o de notario o hayan sido privados de sus derechos como ciudadanos mientras dure la inhabilitación.

2) Quienes hayan sido destituidos en otra institución de justicia, conforme al proceso legal o disciplinario correspondiente.

3) Quienes hubieren sido condenados en cualquier tiempo por delito doloso.

4) Quienes habiéndose desempeñado anteriormente en un servicio público, no acompañen a su postulación las respectivas declaraciones de finiquito de la Contraloría General de Cuentas, conforme a la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

  1. b) Será incompatible con la función de miembro del Ministerio Público:

1) Cualquier cargo de elección popular o la postulación para el mismo.

2) Cualquier otro empleo o cargo público privado remunerado, y cualquier otro empleo, cargos de dirección y asesoría en instituciones políticas, sindicatos o entidades que reciban, administren o ejecuten recursos públicos o bienes del Estado o que sean parte de la administración del Estado ajenos al Ministerio Público, u otras entidades con fines políticos o ser ministro de cualquier religión o culto. Se exceptúa el ejercicio de la docencia en la forma prescrita por la Constitución.

3) El ejercicio de la abogacía y/o notariado, excepto el ejercicio de la defensa material propia.

4) El ejercicio del comercio o la integración de órganos de administración o control de sociedades mercantiles.”

Artículo 53. Se reforma el artículo 78 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 78. Nombramientos. Los nombramientos para cubrir los cargos en el Ministerio Público, estarán sujetos al procedimiento que se establezca en el reglamento, el cual deberá estar basado en concursos de oposición y mérito, que para el efecto debe emitir el Fiscal General.”

Artículo 54. Se reforma el artículo 79 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 79.           Ingreso         y         ascenso       a          la carrera fiscal. Cada vez que se determinen las necesidades del servicio, a requerimiento del Fiscal General, la Unidad de Capacitación institucional, convocará a proceso de oposición.

La convocatoria se publicará al menos una vez en el Diario Oficial, en otro diario de mayor circulación a nivel nacional, y por otros medios de difusión disponibles para la institución, con una antelación de al menos un (1) mes sobre la fecha prevista para el inicio de concursos. La convocatoria deberá indicar: el puesto sometido a concurso, los requisitos legales y formales exigidos, el salario, los beneficios, el número de plazas vacantes si las hubiera, con expresión precisa del lugar o región de desempeño, el horario y lugar para el retiro de las bases del concurso y de publicación de resultados.

El proceso de oposición para ingreso y ascenso en la carrera fiscal comprenderá las siguientes etapas:

  1. a) Precalificación. Reunir los requisitos legales exigidos para el cargo y no tener causal de incompatibilidad.
  2. b) Concurso de oposición. El concurso de oposición se realizará respetando las siguientes etapas:

1) Examen de mérito: La Unidad de Capacitación calificará el mérito del aspirante, evaluando sus antecedentes profesionales de acuerdo a la tabla fijada en el reglamento.

2) Prueba escrita de conocimiento: Se realizará una prueba escrita de conocimiento que será elaborada y calificada por la Unidad de Capacitación. La prueba deberá realizarse de tal manera que la persona que la califique ignore la identidad del examinando.

3) Prueba oral de conocimiento: El aspirante será examinado oralmente sobre los conocimientos que se requieran para el puesto. El reglamento determinará la forma de realización de la prueba oral. La prueba oral será pública, pudiendo ser presenciada por las personas que lo deseen, siempre y cuando no se perturbe el orden y el normal desarrollo de la misma.”

Artículo 55. Se reforma el artículo 80 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 80. Unidad de Capacitación. La Unidad de Capacitación dependerá del Fiscal General

del Ministerio Público, quien nombrará al Director y Subdirector, después de un procedimiento de oposición y selección.

La Unidad de Capacitación elaborará planes e informes anuales de sus actividades y los presentará al Fiscal General para su aprobación. Dichos planes deberán incluir los contenidos a desarrollar, las propuestas metodológicas, programaciones y calendarizaciones, el personal docente y administrativo necesario y su presupuesto.

La capacitación y especialización de los integrantes del Ministerio Público será obligatoria y periódica, debiendo la Unidad de Capacitación organizar un control anual de las capacitaciones recibidas por cada integrante de la institución, el que estará obligado a recibir por lo menos tres capacitaciones anuales sobre temas de actualización en aspectos de investigación y litigio, los cuales deben comprender aspectos teóricos y prácticos.

La Unidad de Capacitación estará conformada por un equipo multidisciplinario.

La Unidad llevará un control de los procesos de capacitación de todo el personal y sus resultados, el cual deberá compartir con la Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Evaluación de Desempeño.

El Jefe del Ministerio Público deberá aprobar el reglamento de la Unidad de Capacitación institucional a propuesta del Director de la misma.

La Unidad de Capacitación del Ministerio Público, de conformidad con la política institucional y las necesidades del servicio, convocará a un curso de selección a los aspirantes a fiscales que hayan aprobado el concurso de oposición, en orden descendente a la calificación obtenida. Durante el curso de selección, los aspirantes serán evaluados por la Unidad de Capacitación, aquellos que no superen el curso de selección no podrán ser nombrados en las plazas vacantes y serán suprimidos del listado de aspirantes. El reglamento definirá la duración, metodología y sistema de evaluación y aprobación del curso.”

Artículo 56. Se adiciona el artículo 81 bis al Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 81 bis. Evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es el sistema permanente por medio del cual se califica el rendimiento del personal de carrera, tendrá como finalidad determinar la eficiencia y eficacia del personal en el cumplimiento de sus funciones, así como establecer necesidades de capacitación a efecto de superar las deficiencias encontradas y reconocimientos.

Las evaluaciones de desempeño se efectuarán al menos una vez al año.

El Ministerio Público contará con una unidad especializada, integrada por equipos multidisciplinarios, que se encargará de desarrollar y ejecutar el sistema de evaluación de desempeño, los integrantes de la unidad especializada deberán ser profesionales con cinco (5) años o más de colegiación profesional y encontrarse colegiados activos.”

Artículo 57. Se adiciona el artículo 81 ter al Decreto Número 40-94 del Congreso de la República,

Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

 “Artículo 81 ter. Contenido. La evaluación comprenderá:

  1. El análisis de la eficiencia y eficacia en la gestión y en las actuaciones técnico-jurídicas de los casos que tenga bajo su responsabilidad según la función que se desempeña de acuerdo a la ley, instrucciones, manuales y reglamentos.
  2. La debida diligencia en la atención a la víctima, testigos, querellantes y otros actores del proceso.
  3. La evaluación disciplinaria, la que comprende las sanciones firmes emitidas por la junta disciplinaria.
  4. La evaluación académica que comprende los créditos obtenidos en cursos teóricos y prácticos impartidos por la unidad de capacitación, los cuales se complementan con estudios a nivel de post grados y otros conocimientos adquiridos por los funcionarios.

La Unidad de Evaluación deberá elaborar los manuales e instrumentos de evaluación correspondientes. El reglamento respectivo desarrollará la metodología de evaluación, los aspectos a evaluar, la valoración que le sea asignada a cada uno de ellos y la escala de calificación. El Jefe del Ministerio Público deberá aprobar el reglamento de evaluación de desempeño.”

Artículo 58. Se adiciona el artículo 81 quater al Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“Artículo 81 quater. Resultados de la evaluación de desempeño. Solamente quienes aprueben la evaluación de desempeño con la nota establecida en el reglamento, podrán optar a ascensos en la institución.

Previo a decidir sobre la concesión de un ascenso, debe evaluarse la mesa de trabajo del aspirante a efecto de determinar su perfil de trabajo.

Cuando el funcionario sea reiteradamente calificado como deficiente en evaluaciones de desempeño, el Fiscal General procederá a su destitución, previo agotar el procedimiento disciplinario correspondiente. Se entenderá que hay reiteración al producirse dos calificaciones deficientes consecutivas.

La Dirección de Recursos Humanos deberá mantener un registro actualizado del expediente de todo el personal de la institución,  que contenga, entre otra información, los resultados de las evaluaciones de desempeño, las faltas cometidas y las cancelaciones, los resultados de la evaluación de desempeño serán de acceso público.

Cuando del proceso de evaluación se adviertan indicios sobre la existencia de delitos, faltas o infracciones administrativas, se comunicará inmediatamente al órgano correspondiente para el inicio de las investigaciones.”

Artículo 59. Se adiciona el artículo 81 quinquies al Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual queda así:

“’Artículo 81 quinquies. Recursos. El funcionario evaluado, deberá ser notificado del resultado de las evaluaciones de desempeño y podrá solicitar su revisión de forma fundamentada ante el jefe de la unidad de evaluación dentro de los ocho (8) días siguientes de haber recibido la calificación, debiendo resolverse la misma dentro de los quince (15) días siguientes.

Contra esta resolución procede el recurso de reconsideración ante el Fiscal General, el cual se podrá solicitar si se considera que:

  1. a) La evaluación se realizó con base a aspectos, parámetros y procedimientos distintos o contradictorios a los contemplados en el presente Ley y en el reglamento.
  2. b) El interponente deberá indicar concretamente el error en el que considere que se incurrió en la evaluación.”

DISPOSICIONES DEROGATORIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 60. Se derogan los artículos 18 y 81 del Decreto Número 40-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 61. Transitorio. Supresión del Consejo del Ministerio Público. Se establece un plazo de seis (6) meses improrrogables a partir de la vigencia de la presente Ley, para que el Consejo del Ministerio Publico concluya todos los asuntos de su competencia, iniciados con anterioridad a este Decreto.

Artículo 62. Transitorio. Convocatorias a concurso de oposición. Las convocatorias por oposición establecidas en la presente reforma, deberán realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la vigencia de la presente Ley.

Artículo 63. Transitorio. Presupuesto. Para efectos de implementación de las reformas a esta Ley, particularmente el funcionamiento de la Junta de Disciplina Fiscal y su regionalización, el funcionamiento de Fiscales Regionales y las Fiscalías de Sección que se crean mediante esta Ley, el Congreso de la República deberá aprobar la asignación presupuestaria correspondiente, así como los montos que correspondan al fortalecimiento de los órganos relativos a la carrera fiscal, incluyendo la Unidad de Capacitación institucional.

Artículo 64. Vigencia. El presente Decreto fue aprobado con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República y entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el Diario Oficial.

 

 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS.

MARIO TARACENA DÍAZ-SOL PRESIDENTE

 

 

LUIS ALBERTO CONTRERAS COLÍNDRES

SECRETARIO

OSCAR STUARDO CHINCHILLA GUZMÁN

SECRETARIO

PALACIO NACIONAL: Guatemala, diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MORALES CABRERA

 

Francisco Manuel Rivas Lara Ministro de Gobernación

Carlos Adolfo Martínez Gularte

Secretario General

De la Presidencia de la República

 

Artículos relacionados