Ley Orgánica del Instituto Para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito DECRETO NÚMERO 21-2016

FICHA TÉCNICA

Nombre: Ley Orgánica del Instituto Para la Asistencia y Atención a la

Víctima del Delito

 

Tipo de documento: DECRETO DEL CONGRESO
 

Número:

                                                            21-2016
 

Órgano emisor:

                                                  Organismo Legislativo

 

 

Fecha de emisión:

                                           01/03/2016
 

Fecha de

Publicación:

                                                                  06/04/2016
 

Fecha de vigencia:          

                                           14/04/2016
 

Publicada en:

                                                         Diario Oficial
   

 

 

 

DECRETO NÚMERO 21-2016

Ley Orgánica del Instituto Para la Asistencia y Atención a la

Víctima del Delito

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

 

CONSIDERANDO:

 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, establecen los principios básicos en que se sustenta la administración de justicia y que deben ser incorporados adecuadamente en el marco del ordenamiento jurídico interno, con el afán de asegurar su observancia en atención a las necesidades y posibilidades del Estado de Guatemala.

 

CONSIDERANDO:

 

Que diversos instrumentos internacionales definen el concepto de víctima del delito, superando el contenido del Código Procesal Penal; y que actualmente existen diversas normativas internas penales especiales que recogen la obligación de proveer asistencia y atención a la víctima en forma especializada.

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Estado de Guatemala está comprometido a tomar las medidas necesarias para poner en vigor las disposiciones contenidas en la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, así como otros instrumentos internacionales específicos para la atención especializada de personas en condiciones de vulnerabilidad.

 

CONSIDERANDO:

 

Que es necesario reconocer los avances del Estado de Guatemala en la prestación de servicios y articulación de esfuerzos del sector público y privado para la asistencia y atención a las víctimas de delitos, y los mecanismos de coordinación existentes.

 

POR TANTO:

 

El Congreso de la República de Guatemala, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

La siguiente:

LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO PARA LA

ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DEL DELITO

TÍTULO I CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto crear el Instituto de la Víctima con la finalidad de brindar asistencia y atención a las víctimas del delito, para lograr la reparación digna a la cual tienen derecho.

Sus acciones no podrán estar orientadas a desarticular ni desconocer los mecanismos existentes de coordinación que brindan atención integral especializada a las víctimas del delito.

 

CAPÍTULO II

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

 

Artículo 2. Sujetos de aplicación. El Instituto de la Víctima atenderá a las víctimas que describe el artículo 117 del Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República, con especial interés en las víctimas directas afectadas.

 

Artículo 3. Garantía de servicio. El Instituto de la Víctima debe garantizar la atención integral a la víctima del delito.

 

Artículo 4. Derechos. A las víctimas, sin menoscabo de otros derechos ya reconocidos en otras leyes especiales y normativas internacionales adoptadas por el Estado de Guatemala, esta Ley les reconoce los derechos siguientes:

 

  1. A que se les trate con justicia y respeto a su dignidad, intimidad e identidad.
  2. A que se les informe de sus derechos y su papel dentro del proceso penal, del desarrollo de la investigación criminal, la reparación digna por el daño sufrido y de los mecanismos judiciales y administrativos para obtenerla, así como que se les notifique las resoluciones judiciales. En este último caso, podrán señalar como lugar para recibir notificaciones, la sede del Instituto de la Víctima cuando hayan solicitado sus servicios de asesoría jurídica.
  3. A estar razonablemente protegidas durante todo el desarrollo del proceso penal, evitando que se les exponga innecesariamente para preservar su vida, integridad física y estabilidad psicológica.
  4. A estar presentes en todos los actos procesales en los cuales el imputado tenga ese derecho.
  5. A que el fiscal o el abogado del Instituto de la Víctima dé aviso al empleador de la víctima, para que pueda ausentarse de su trabajo con goce de sueldo o salario, para que pueda comparecer, las veces que sea necesario, a prestar testimonio o a participar en cualquier diligencia relacionada con su proceso penal, sin que estas comparecencias sean causales de represalias o despidos.
  6. A que se les devuelva cualquier bien que les pertenezca según lo establece la ley.
  7. A manifestar por sí misma, o a través de su representante dentro del proceso, lo que a su derecho convenga.
  8. A que se les preste atención psicológica y médica de urgencia, así como orientación social cuando la requieran. Dicha atención debe estar a cargo de profesionales de su mismo sexo. De ser necesario, se deberá gestionar su traslado para la atención médica adecuada, sin menoscabo de la investigación criminal que se requiera.
  9. A que se respeten y apliquen las leyes ordinarias sobre la privacidad de su proceso.
  10. A contar con atención integral, a fin de recibir gratuitamente tratamiento postraumático para la recuperación de su salud física y mental.
  11. A no ser objeto de exploración física sin su consentimiento explicito y siempre que el propósito de dicho procedimiento sea totalmente indispensable y de interés para el curso del proceso penal. En el caso de los menores de edad, debe contar con el consentimiento y acompañamiento de sus padres o tutores, siempre debiéndose observar el interés superior del niño. De igual forma si la víctima lo solicita, podrá estar acompañada de la persona que ella designe.
  12. Derecho a no ser discriminada por estereotipos, prejuicios y/o estigmas sociales.
  13. Derecho a la no revictimización.
  14. A ser atendida y asistida en su idioma materno.

La calidad de víctima es independiente de que se identifique, aprehenda, enjuicie y/o  condene al o los responsables del delito.

 

CAPÍTULO lll

INSTITUTO

 

Artículo 5. Instituto de la Víctima. Se crea el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito como persona jurídica autónoma, con patrimonio propio e independencia funcional y orgánica, al cual se le podrá denominar como Instituto de la Víctima.

El Instituto de la Víctima se regirá por la presente Ley y su reglamento.

 

Artículo 6. Aplicación. La presente normativa se aplicará a falta de regulación específica sobre atención integral especializada a víctimas del delito.

Las deficiencias de dichas leyes se suplirán por lo preceptuado en ésta.

El Instituto de la Víctima deberá coordinar sus acciones con los entes que han sido creados por leyes anteriores, para la atención integral especializada a poblaciones víctimas.

 

Artículo 7. Ámbito de cobertura. El Instituto de la Víctima tendrá cobertura y brindará atención en todo el territorio nacional.

En el caso de menores de edad, cuando le corresponda, actuará de oficio en coordinación con la Procuraduría General de la Nación.

 

Artículo 8. Ámbito de competencia funcional. El Instituto de la Víctima tiene la obligación de brindar asistencia a la víctima del delito, proporcionándoles información y orientación, haya o no presentado denuncia.

El Consejo del Instituto deberá incluir en el reglamento los criterios de admisibilidad y/o de viabilidad que se aplicarán para brindar atención a la víctima del delito, en el marco de los planes y políticas institucionales de atención a la víctima que emanen de dicho órgano.

En los delitos contenidos en el Decreto Número 22-2008 del Congreso de la República, Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, se estará a lo regulado por el artículo 16 de dicha ley. Para tal efecto el Instituto de la Víctima coordinará las acciones con la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer -CONAPREVI-, conjuntamente con los Centros de Apoyo Integral para la Mujer Sobreviviente de Violencia -CAIMUS-.

En el caso de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito, se estará a lo dispuesto en la ley de la materia y se coordinará las acciones con la Procuraduría General de la Nación.

Artículo 9. Obligaciones. El Instituto de la Víctima deberá:

  1. Informar a la Policía Nacional Civil, Ministerio Público o al Organismo Judicial de la comisión de un hecho delictivo, del cual tuviere conocimiento a partir de la recepción de una persona víctima del delito.
  2. Crear unidades con personal especializado para la asistencia y atención a las víctimas, que incluya como mínimo la asistencia legal y los servicios integrales que se requieran para la recuperación de las víctimas.
  3. Crear un sistema informático que permita el registro de los datos personales y sociodemográficos, los requerimientos presentados por la víctima y las actuaciones realizadas por el personal.
  4. Elaborar mecanismos de protección para la víctima, en apoyo a la labor del Ministerio Público en el caso concreto.
  5. Elaborar políticas institucionales y planes de trabajo coordinado con el Ministerio Público para el fortalecimiento y seguimiento a las Redes de Derivación.
  6. Elaborar políticas victimo-criminológicas que contribuyan a la prevención del delito y a la reducción de la victimización.
  7. Coordinar con la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer -CONAPREVI-, para garantizar la atención integral especializada a las mujeres, a través de los Centros de Apoyo Integral para la Mujer Sobreviviente de Violencia -CAIMUS-.
  8. Coordinar con las instituciones que velan por la protección especial de las niñas, niños y adolescentes víctimas, para garantizar su atención integral especializada.
  9. Impulsar la creación y/o réplica de modelos de atención integral a víctimas, que aplicará a nivel interno para la prestación de sus servicios, respetando lo establecido en leyes especiales.
  10. Coordinar con las entidades e instituciones especializadas en la atención integral a víctimas en condición de vulnerabilidad que por razón de su edad, identidad de género, sexo, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia sus derechos.
  11. Llevar un registro de organizaciones no gubernamentales, con o sin personería jurídica, especializadas en atención integral a la víctima del delito que prestan servicios de forma activa en la Red de Derivación.

Artículo 10. Otras obligaciones. Es deber de los servidores públicos llevar a cabo, en el marco de sus respectivas competencias, las acciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.

 

CAPÍTULO IV

INTEGRACIÓN

 

Artículo 11. Integración. El Instituto de la Víctima se integra de la forma siguiente:

  1. Consejo;
  2. Dirección General;
  3. Secretaría General;
  4. Dirección de Asistencia Legal;
  5. Dirección de Servicios Victimológicos;
  6. Departamento Administrativo y Financiero;
  7. Departamento de Capacitación;
  8. Departamento de Auditoría Interna.

Las Direcciones podrán crear los departamentos y unidades que consideren necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Artículo 12. Consejo. Se crea el Concejo del Instituto de la Víctima, el cual estará integrado por:

  1. El o la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público o un representante de la más alta jerarquía;
  2. El o la Presidente de la Corte Suprema de Justicia o un magistrado o magistrada de la misma;
  3. El o la presidente de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República;
  4. El o la presidente de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República;
  5. Un o una representante de la Junta Coordinadora de la CONAPREVI;
  6. El o la Ministro de Desarrollo Social o un Vice-ministro del ramo;
  7. La Defensora de la Mujer Indígena;
  8. El o la Procurador General de la Nación o el o la Procurador de la Niñez y Adolescencia;
  9. Seis representantes de la sociedad civil según su especialización en la atención a víctimas en condiciones de vulnerabilidad, que estén registradas en el Instituto de la Víctima, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la presente Ley y presten servicios de forma activa en la Red de Derivación;
  10. El Director o Directora General del Instituto de la Víctima, quien fungirá como secretario del mismo y podrá participar con voz pero sin voto.

Los miembros del Consejo durarán en su cargo mientras se encuentran ejerciendo el período para el que fueron electos o nombrados. El sólo acto de su nombramiento o elección bastará para poder comenzar a actuar en el Consejo. Los representantes de la sociedad civil especializada en el tema de atención integral a víctimas del delito, durarán en sus cargos cuatro (4) años; pudiendo ser reelectos por un período más. Serán electas y electos según sus formas y costumbres.

 

Artículo 13. Funciones. Las funciones del Consejo del Instituto de la Víctima son:

  1. a) Convocar a la población en general para la presentación de personas idóneas para el cargo de Director o Directora General del Instituto.
  2. b) Elevar al Congreso de la República la terna para que se elija al Director o Directora General.
  3. c) Aprobar la propuesta de reglamento de la presente Ley y demás normas internas propuestas por el o la Director General.
  4. d) Proponer modificaciones, si fuere necesario, y asesorar sobre el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto de la Víctima presentado por el Director General.
  5. e) Formular políticas institucionales de atención a la víctima para lograr su reparación digna.
  6. f) Promover modelos de atención integral a la víctima, conforme a los principios del derecho victimal internacional, que se aplicarán a nivel interno para la prestación de sus servicios.
  7. g) Formular la solicitud de remoción del Director o Directora General del Instituto de la Víctima al Congreso de la República, cuando hubiere incurrido en grave incumplimiento de sus funciones.

Cuando el Consejo deba deliberar sobre las funciones establecidas en las literales a), b) y g), el Director o Directora General del Instituto de la Víctima no podrá estar presente en la sesión.

 

Artículo 14. Reuniones y votaciones del Consejo. El Consejo del Instituto de la Víctima deberá reunirse de forma ordinaria por lo menos una (1) vez cada dos meses o un máximo de cuatro (4) veces dentro de dicho plazo.

Podrán reunirse extraordinariamente las veces que consideren necesario.

Sus integrantes no cobrarán dietas por la participación en las reuniones.

El reglamento regulará esta materia.

El Consejo del Instituto tomará sus decisiones por mayoría calificada.

 

Artículo 15. Actualización. El Consejo del Instituto de la Víctima deberá incluir dentro de sus políticas la actualización permanente de su personal y la sensibilización de la población guatemalteca sobre su labor, a través de los diferentes medios de comunicación, así como por medio de talleres, seminarios, conferencias, foros y programas de pasantía con universidades nacionales e internacionales, con el Ministerio de Educación, así como a través de la Ley del Servicio Cívico, Decreto Número 20-2003 del Congreso de la República.

 

Artículo 16. Dirección General. La Dirección General está integrada por un Director o Directora y por personal de apoyo profesional y técnico.

El Director o Directora General es el o la representante legal del Instituto de la Víctima y su nombramiento será para un periodo de cuatro (4) años.

El Director o Directora General del Instituto de la Víctima será nombrado por el Congreso de la República.

Para el efecto, el Consejo del Instituto de la Víctima convocará a concurso público a efecto de elaborar una terna que será entregada al Congreso de la República para que dentro de los quince (15) días de haberla recibido realice la elección respectiva.

En los aspectos no contemplados en la presente Ley en especial en lo concerniente a los principios, la verificación de requisitos y la selección de los candidatos, el proceso de elección se ajustará a lo establecido en la Ley de Comisiones de Postulación y en el reglamento de la presente Ley.

El Pleno del Congreso de la República podrá remover al Director o Directora General, por grave incumplimiento de sus funciones.

El pedido de remoción deberá solicitarlo el Consejo del Instituto, necesitando para ello el voto favorable de dos tercios del total de miembros del mismo.

La ausencia temporal o definitiva del Director o Directora General será suplida por el Secretario General.

Artículo 17. Requisitos e impedimentos. Para ser Director o Directora General se requiere:

 

  1. Ser guatemalteco o guatemalteca de origen.
  2. Estar en el pleno uso de sus derechos civiles.
  3. Poseer grado universitario de licenciatura como médico y cirujano, licenciatura en ciencias jurídicas y sociales, licenciatura en psicología, licenciatura en trabajo social u otros que sean afines.
  4. Con estudios y/o experiencias comprobadas en victimología o atención a víctimas.
  5. Tener, por lo menos, cinco años de experiencia en el ejercicio de la profesión y/o administración de instituciones similares.
  6. Ser de reconocida honorabilidad.

No podrán optar al cargo de Director o Directora General, las siguientes personas:

  1. Quienes estén ejerciendo cargos en cualquiera de los Organismos del Estado.
  2. Quienes tengan impedimento legal.

 

Artículo 18. Funciones.  Son funciones del Director o Directora General:

 

  1. Realizar una gerencia eficaz y dinámica del servicio, para la debida atención y protección a las víctimas.
  2. Nombrar y remover al personal del Instituto, de conformidad con las previsiones y requisitos de la presente Ley y su reglamento, así como de otras leyes ordinarias.
  3. Aplicar sanciones disciplinarias previstas por faltas administrativas cometidas por el personal del Instituto, de conformidad con la presente Ley y su reglamento.
  4. Elaborar y aprobar el plan de política institucional a favor de las víctimas.
  5. Establecer y aprobar los criterios técnico-científicos para la asignación y distribución de casos de atención y protección a personas víctimas.
  6. Aprobar las normativas internas así como los manuales de trabajo.
  7. Diseñar y garantizar una cobertura íntegra y eficiente del servicio, garantizando la presencia del personal capacitado en las diversas áreas para atender a las víctimas del delito las veinticuatro horas del día.
  8. Elaborar y aprobar los programas de capacitación para un desempeño eficaz y eficiente del servicio.
  9. Elaborar el proyecto de reglamento del Instituto de la Víctima y las modificaciones que sean necesarias, para el mejor cumplimiento de sus objetivos y someterlo al Consejo para su aprobación.
  10. Celebrar convenios de cooperación institucional técnica, científica y académica con instituciones públicas y/o privadas, nacionales y/o internacionales, que sean necesarios para el fortalecimiento del Instituto.
  11. Elaborar y aprobar, previa opinión del Consejo, el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto.
  12. Elaborar un informe anual y público que deberá ser presentado durante el mes de enero ante el Congreso de la República.
  13. Nombrar y remover al auditor interno, previa opinión del Consejo del Instituto.
  14. Resolver en apelación la resolución que se pronuncie acerca de las infracciones.
  15. Desempeñar las demás funciones de conformidad con los fines para los que fue creada la institución.

 

Artículo 19. Órganos de apoyo. La Dirección General tendrá como órganos de apoyo:

 

  1. a) Secretaría General.
  2. b) Secretarias de apoyo.
  3. e) Unidad de Planificación.
  4. d) Unidad de Evaluación del Desempeño.
  5. e) Unidad de Control Interno o Supervisión.
  6. f) Asesoría Jurídica.
  7. g) Unidad de Informática.
  8. h) Unidad de Transporte.
  9. i) Otras que determine el reglamento.

 

Artículo 20. Dirección de Asistencia Legal. La Dirección de Asistencia Legal tiene a su cargo la atención legal a las víctimas del delito en defensa de su derecho a la reparación digna en cualquier etapa del proceso penal, así como en los demás procesos o procedimientos que sean necesarios para cautelar tales derechos, sin perjuicio de las demás funciones que le otorgue la ley. La Dirección de Asistencia Legal está integrada por abogados y abogadas colegiados, los que podrán ser:

  1. a) Abogados de planta, quienes serán funcionarios incorporados con carácter exclusivo y permanente en el Instituto, y
  2. b) Abogados externos, quienes serán contratados por el Instituto de la Víctima, de conformidad al reglamento respectivo.

Los abogados mencionados en este artículo, serán considerados abogados del Instituto de la Víctima para efectos de las funciones que desarrollen, sea cual sea la modalidad bajo la cual estén contratados.

El reglamento de la presente Ley establecerá las demás funciones, obligaciones, requisitos de ingreso y permanencia en el caso de haber gozado de beneficios de capacitación o becas, y las prohibiciones legales para los abogados que integren la Dirección de Asistencia Legal.

 

Artículo 21. Dirección de Servicios Victimológicos. La Dirección de Servicios Victimológicos tiene a su cargo la prestación de los servicios victimológicos necesarios para la recuperación integral de las víctimas del delito. Estará conformada por los siguientes Departamentos:

 

  1. Departamento de Psicología.
  2. Departamento de Trabajo Social.
  3. Departamento Médico.
  4. Otros que se consideren indispensables para la atención integral de las víctimas del delito.

Estará integrado por profesionales colegiados activos de la disciplina correspondiente a cada Departamento, en pleno ejercicio de sus actividades.

El reglamento de la presente Ley establecerá las demás funciones, obligaciones, requisitos de ingreso y de permanencia y las prohibiciones legales para los profesionales que integren esta Dirección.

 

Artículo 22. Gratuidad en la prestación del servicio. Los servicios que presta el Instituto de la Víctima son gratuitos.

 

Artículo 23. Prohibiciones. A todos los profesionales y personal que laboren en el Instituto de la Víctima o presten sus servicios profesionales les está prohibido:

  1. a) Atender a la persona que la víctima señale como victimario, mientras esté trabajando en el Instituto o cuando haya cesado en sus funciones.
  2. b) Referir a la víctima para que acuda a su propia oficina o clínica privada.
  3. c) Trabajar simultáneamente en el Instituto de la Defensa Pública Penal y en el Instituto de la Víctima.
  4. d) Solicitar o aceptar pago, remuneración, beneficio o dádiva alguna por los servicios prestados.

En el caso de los abogados de planta, esta prohibición, puede hacerse valer a solicitud de la parte que se considere afectada y el juez la resolverá sin más trámite en la misma audiencia donde se requiera, ordenando al sindicado que elija nuevo abogado, y en su defecto, solicitará al Instituto de la Defensa Pública Penal que le nombre uno conforme a la ley.

 

Artículo 24. Personal auxiliar, administrativo y de auditoría. El personal financiero y administrativo deberá realizar las funciones que le asigne el Director General del Instituto. Sus funciones, obligaciones y requisitos serán designados en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 25. Auditoría Interna. El Departamento de Auditoría Interna ejercerá labores permanentes de fiscalización y vigilancia, de conformidad con la presente Ley y su reglamento. En particular:

  1. a) Asesorar al Director o Directora General y al Consejo; cuando proceda, en cuanto a la idoneidad de los sistemas, métodos y procedimientos de control interno que requiera el Instituto de la Víctima y que estén sometidos a consideración y aprobación del Director o Directora General.
  2. b) Verificar regularmente en el Instituto, la aplicación de los procedimientos de control interno y el cumplimiento de los reglamentos, disposiciones y procedimientos administrativos.
  3. c) Verificar regularmente la situación del control de la gestión, financiero y de resultados del Instituto.
  4. d) Informar al Director o Directora General y al Consejo sobre los aspectos anteriores, para lo cual podrá emitir informes específicos en cumplimiento de sus gestiones de fiscalización y vigilancia, y sus conclusiones y recomendaciones de conformidad a las mismas.
  5. e) Presentar semestralmente, el jefe del Departamento de Auditoría Interna, informe detallado acerca del conjunto de las acciones desarrolladas durante dicho período.
  6. f) Presentar informe detallado acerca de la ejecución de fondos provenientes de aportes no reembolsables de la cooperación bilateral, multilateral, así como, de los provenientes de las Organizaciones No Gubernamentales del exterior.

Los aspectos no contemplados en la presente Ley respecto al Departamento de Auditoría Interna serán establecidos en el reglamento del Instituto. ·

 

Artículo 26. Auditor Interno. El Departamento de Auditoría Interna estará dirigido por el Auditor Interno, quién será nombrado por el Director o Directora General.

Deberá ser Contador y Auditor Público, Economista o Administrador de Empresas, no encontrarse sujeto a inhabilitaciones y deberá tener experiencia en fiscalización y vigilancia administrativa y financiera.

Durará cuatro (4) años en el cargo, pudiendo ser reelegido. Podrá ser removido por grave incumplimiento de sus deberes por el Director o Directora General, previa opinión favorable del Consejo.

 

CAPÍTULO V

 PRESUPUESTO

Artículo 27. Presupuesto. El Ministerio de Finanzas Públicas asignará anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, los recursos necesarios para cubrir los gastos del Instituto de la Víctima, de acuerdo al proyecto de presupuesto que éste presente. ·

Adicionalmente también integrarán los fondos del Instituto: los aportes no reembolsables de la cooperación internacional y de Organizaciones No Gubernamentales nacionales o extranjeras; las herencias, legados y donaciones.

La ejecución del presupuesto estará sujeta a los controles y fiscalización de los órganos correspondientes del Estado.

 

TÍTULO II

CAPÍTULO I

ASESORÍA Y ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

 

Artículo 28. Servicios para la asistencia y atención. El Instituto prestará servicios a las víctimas del delito cuando proceda, a través de asesores legales, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, médicos o profesionales de cualquier otra disciplina que se requiera para su atención integral. Como mínimo brindará para la asistencia y atención a la víctima, los siguientes servicios:

  1. a) El Instituto de la Víctima proporcionará asistencia legal gratuita a la víctima del delito que desee constituirse como querellante adhesivo dentro de un proceso penal para lograr la reparación digna. Para ello brindará patrocinio legal y litigará estratégicamente durante cada momento procesal para lograr los objetivos. También atenderá oportunamente los procesos cautelares relacionados a los procesos penales. Sin perjuicio de lo establecido respecto a niñas, niños y adolescentes en la ley de la materia.
  2. b) Psicológica. Sin perjuicio del trabajo realizado por las unidades de atención existentes en entes públicos y/o privados, el Instituto de la Víctima brindará atención psicológica a la víctima del delito, así como una atención pertinente para contrarrestar las secuelas emocionales que hayan sido provocadas por la comisión de un delito, como parte de la reparación digna. Podrá acompañar a las víctimas durante las audiencias cuando el caso lo requiera.
  3. c) Trabajo Social. El Instituto apoyará a la víctima del delito en la búsqueda de alternativas y soluciones inmediatas para afrontar las secuelas del delito. Además garantizará su protección a través del impulso de las medidas cautelares oportunas. Podrá acompañar a las víctimas durante las audiencias cuando el caso lo requiera.

 

CAPÍTULO ll

REPARACIÓN DEL DAÑO

Artículo 29. Reparación digna. Es obligación del Instituto de la Víctima coadyuvar con el Ministerio Público en la garantía y defensa del derecho a la reparación digna de la víctima del delito, cuando ésta se haya constituido como querellante adhesivo.

La reparación digna, además de lo establecido en el Código Procesal Penal, comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

 

CAPÍTULO III

RED NACIONAL DE DERIVACIÓN PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS

Artículo 30. Red de Derivación. Se denomina Red Nacional de Derivación para la Atención de Víctimas del Delito, o simplemente Red de Derivación, al conjunto de organizaciones multidisciplinarias, gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones internacionales y personas individuales, que prestan servicios a víctimas, realizan investigaciones victimológicas y criminológicas, promueven el desarrollo de modelos de atención integral a víctimas del delito y/o desarrollan actividades de asistencia social o de beneficencia pública y privada vinculadas a la materia y que han firmado convenios de cooperación interinstitucional.

 

Artículo 31. Articulación. Para fortalecer la asistencia integral a las víctimas, el Instituto de la Víctima forma parte de la Red de Derivación coordinada por el Ministerio Público.

 

Artículo 32. Asistencia y atención integral. Por medio de la Red de Derivación se brindará asistencia y atención integral a la víctima del delito, a través de apoyo y servicios que correspondan, según la naturaleza y especialidad, a cada integrante, que en términos generales se enmarcan en lo siguiente:

  1. a) Atención psicológica y/o psiquiátrica.
  2. b) Atención médica inmediata; Incluirá hospitalización, exámenes clínicos, de gabinete o de laboratorio, atención de emergencia, atención curativa, provisión de medicamentos, prótesis, rehabilitación física, odontológica, y otras que pueda prestar conforme esté en sus posibilidades.
  3. c) Asesoría y orientación legal.
  4. d) Elaboración de estudios socioeconómicos y/o informes sociales.
  5. e) Albergue, alimentación, vestuario y transporte.
  6. f) Comunicación y promoción social.
  7. g) Servicios educativos.
  8. h) Capacitación laboral o de otro tipo.
  9. i) Servicios de intérprete.
  10. j) Otros servicios.

 

TÍTULO llI

CAPÍTULO I

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL INSTITUTO

 

Artículo 33. Principios generales. Son principios generales que inspiran la presente Ley los siguientes:

  1. a) Sólo podrá imponerse sanción disciplinaria cuando se encuentre preestablecida por la realización de acciones u omisiones previstas como falta y siguiendo el procedimiento establecido en la presente Ley y su reglamento.
  2. b) Debido proceso. Nadie puede ser sancionado sino en virtud de que se demuestre su responsabilidad administrativa, tras haber sido oído y vencido conforme a los procedimientos establecidos en la presente Ley y su reglamento. Se garantizará el derecho a la defensa, ya sea que el sujeto a proceso se defienda personalmente o solicite la aceptación de su actuación mediante abogado, a su costa. Los procesos administrativos serán llevados adelante en un plazo razonable.
  3. c) La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad penal.
  4. d) El régimen disciplinario es aplicable a los empleados y funcionarios del Instituto. El personal contratado por servicios personales y profesionales, se regirá por las cláusulas del contrato y demás leyes vigentes en el país.
  5. e) La infracción de las normas relativas al régimen disciplinario por parte de quienes están obligados a aplicarlas, originará las responsabilidades legales que correspondan.

 

Artículo 34. Faltas y Sanciones.

  1. Faltas. Las faltas se clasifican en: leves, graves y muy graves: El reglamento del Instituto de la Víctima establecerá la descripción de cada una de las faltas conforme a dicha clasificación.
  2. Sanciones:
  3. a) Por falta leve se sancionará con amonestación escrita.
  4. b) Por falta grave se sancionará con suspensión de 10 a 30 días laborales, sin goce de salario.
  5. c) Por falta muy grave, se sancionará con la destitución del funcionario o empleado público o se prescindirá de los servicios del profesional responsable.

 

Artículo 35. Procedimiento e intervinientes. La Unidad de Control Interno de la Dirección General es la encargada de la realización de la investigación interna en el caso de actos que puedan constituir faltas administrativas o ilícitos penales, debiendo remitir su informe al Director del Instituto.

De tratarse de una posible falta administrativa, el Director del Instituto de la Víctima resolverá lo pertinente conforme al procedimiento disciplinario. En el caso que se dicten resoluciones por infracción grave y muy grave las mismas podrán apelarse por medio del  recurso de reposición ante el Director. El Director procederá a destituir al empleado o funcionario cuando se encuentre ejecutoriada la resolución que impone la sanción de destitución.

De tratarse de un posible ilícito penal, el Director del Instituto de la Víctima remitirá los antecedentes al Ministerio Público.

Toda sanción que quede firme se anotará en el expediente del funcionario o empleado, sin perjuicio que, una vez cumplida la misma y transcurrido un plazo igual al periodo de prescripción según la gravedad de la falta que se cometa, dicha anotación sea cancelada y borrada automáticamente del mismo.

El reglamento definirá los demás aspectos del procedimiento administrativo disciplinario.

 

Artículo 36. Prescripción. La responsabilidad disciplinaria prescribe a los seis meses de ser cometida la falta leve y al año de cometerse la falta grave. El inicio del procedimiento disciplinario suspende el plazo de prescripción.

 

TÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

 

Artículo 37. Se reforma el numeral 7 del artículo 82 del Decreto Número 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, el cual queda así: “7.  El querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal, en cada una de sus intervenciones. Las partes no podrán oponerse a la presencia del querellante en la misma. La víctima presente en la audiencia podrá ser escuchada si así lo desea.”

 

Artículo 38. Se reforma el numeral 1 del artículo 117 del Decreto Número 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, el cual queda así: “1.  Víctima.  Se entenderá por víctimas a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye además, en su caso, al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y/o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.”

 

Artículo 39. Se suprime el numeral 2 del artículo 117 del Decreto Número 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal.

 

Artículo 40. Se reforma el artículo 118 del Decreto Número 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, el cual queda así: “Artículo 118. Oportunidad. La solicitud de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento durante la audiencia programada para el efecto. Vencida esta oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite.”

 

Artículo 41. Se suprime la literal g) del artículo 21 del Decreto Número 22-2008 del Congreso de la República, Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer.

 

Artículo 42. Se reforma el primer párrafo del artículo 497 del Decreto Número 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, el cual queda así: “Artículo 497. Revocación de la libertad condicional. Siempre que no proceda la libertad condicional por unificación de sentencias o penas, o cuando durante el período de su otorgamiento el condenado incurriere en nuevo delito o violare las medidas de seguridad impuestas, el incidente de revocación será promovido de oficio o a pedido del Ministerio Público, del querellante o del agraviado y/o la víctima.”

 

Artículo 43. Se reforma el artículo 17 del Decreto Número 22-2008 del Congreso de la República, Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, el cual queda redactado de la forma siguiente: “Artículo 17. Fortalecimiento Institucional. La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia lntrafamiliar y en Contra de la Mujer -CONAPREVI-, es el ente rector, coordinador, asesor, impulsor de las políticas públicas relativas a reducir la violencia intrafamiliar y la violencia en contra de las mujeres. ·

Corresponde al Estado el fortalecimiento e institucionalización de las instancias ya creadas, para el abordaje de la problemática social de violencia contra las mujeres, para asegurar la sostenibilidad de las mismas, entre ellas: CONAPREVI, la Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI-, la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM-, y los Centros de Apoyo Integral para la Mujer Sobreviviente de Violencia -CAIMUS-. Asimismo, se garantizará el fortalecimiento de otras Organizaciones No Gubernamentales en igual sentido.”

 

Artículo 44. Se reforma el artículo 19 del Decreto Número 22-2008 del Congreso de la República, Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, el cual queda redactado de la forma siguiente: “Artículo 19. Asistencia legal a la víctima. El Estado tiene la obligación de brindar la asistencia legal en forma gratuita a la víctima y/o sobreviviente de violencia o a sus familiares, debiendo proporcionarles los servicios de un abogado o abogada, para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos.”

 

Artículo 45. El Congreso de la República dentro de los quince (15) días siguientes de haber entrado en vigencia la presente Ley, convocará a las instituciones y a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la atención integral a víctimas del delito que deberán integrar el primer Consejo del Instituto de la Víctima.

En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, convocará a las que conforman la Red de Derivación, actualmente coordinadas por el Ministerio Público, para que en el término de noventa (90) días elijan a sus representantes.

 

Artículo 46. En tanto se designa Director o Directora General, sus funciones serán cubiertas por el Consejo.

 

Artículo 47. El Consejo del Instituto deberá elaborar el proyecto de presupuesto para el año dos mil diecisiete durante el año dos mil dieciséis. Este presupuesto deberá contener las partidas necesarias para que el Instituto de la Víctima pueda comenzar a funcionar.

Dentro de los primeros treinta (30) días del año dos mil diecisiete, el Consejo convocará a concurso público para proceder a la designación del Director. La selección de la terna y envío de la misma al Congreso de la República deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días siguientes. El Congreso deberá elegir al Director o Directora General dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida la terna.

 

Artículo 48. Reglamento. El Consejo del Instituto de la Víctima deberá aprobar el reglamento de la presente Ley dentro de los sesenta (60) días siguientes a la elección del primer Director o Directora General.

 

Artículo 49. El Instituto de la Defensa Pública Penal deberá seguir prestando el servicio de asistencia legal en forma gratuita a la víctima o a sus familiares, conforme lo determina el artículo 19 del Decreto Número 22-2008 del Congreso de la República, hasta transcurridos seis meses de electo el primer Director o Directora General del Instituto de la Víctima.

Los procesos iniciados por el Instituto de la Defensa Pública Penal deberán continuar su trámite hasta su fenecimiento.

 

Artículo 50. Vigencia. El presente Decreto fue aprobado con el voto favorable de más de las dos terceras partes del total de Diputados que integran el Congreso de la República y entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 

 REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

 

 EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.

 

MARIO TARACENA DÍAZ-SOL

PRESIDENTE

 

 

LUIS ALBERTO CONTRERAS COLÍNDRES

SECRETARIO

 

OSCAR STUARDO CHINCHILLA GUZMÁN

SECRETARIO

 

PALACIO NACIONAL: Guatemala, cinco de abril del año dos mil dieciséis.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 

MORALES CABRERA

 

Francisco Manuel Rivas Lara

 

Ministro de Gobernación

 

Carlos Adolfo Martínez Gularte

 

Secretario General

 

De la Presidencia de la República

 

 

 

 

 

 

 

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